Revocatorio

Venezuela, ¿sin salida electoral? 

Es muy difícil ser oposición en Venezuela. Lo decía estos días el escritor Alberto Barrera Tyszka en su artículo Venezuela: contra el purismo y tiene razón. Así como también es muy difícil aplicar estrategias de marketing político en el país caribeño porque están concebidas para desarrollarse en contextos democráticos, de respeto a la constitución y a las reglas del juego electoral. Ninguno de esos tres preceptos se cumple hoy. Es más, aquel argumento de que como se celebran elecciones hay democracia también se esfumó.

El régimen decidió -o más bien oficializó- que no va a más justas electorales y corrió la arruga -como se dice coloquialmente en criollo- para 2017. Al “mejor sistema electoral del mundo” se le atragantaron los votos: ni las alabadas máquinas automatizadas ni la operación remolque podrían darle hoy una victoria al Socialismo del Siglo XXI.

El chavismo-madurismo perdió el apoyo popular. Las encuestas sitúan la desaprobación de Nicolás Maduro y su gestión entre 85-95%. El presidente de Venezuela es hoy una marca negativa y alcanzó eso que los especialistas en mercadeo llaman el punto de no retorno.

Percibido como el responsable de la gravísima crisis que atraviesa transversalmente al país, las matrices de opinión que la propaganda del régimen ha querido instalar en la opinión pública -guerra económica o complot internacional para derrocarlo- no han funcionado.

Maduro es una marca no rescatable incluso la mitad de los votantes oficialistas (30%-35% de la población electoral) afirma que “no confía en Maduro y no lo quiere ahí (en la presidencia)”.

Ante este panorama y aplicando aquella máxima de Fidel Castro: “Las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguras (de) que las van a ganar”, la semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las elecciones regionales, que deberían celebrarse como máximo en diciembre de 2016 por mandato constitucional, no van. ¿La excusa? No hay dinero.

Cuestión de prioridades. No hay recursos para el voto, pero sí para gastar 200 millones de dólares en la Cumbre de Países No alineados, celebrada en Margarita, y por la que desfilaron, entre otros, Raúl Castro, el hermanísimo presidente de Cuba, Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, o Ri Yong-ho, el canciller de Corea del Norte. Por lo menos son coherentes: no hay papeletas electorales, pero sí alfombra roja para los gobiernos a los que también les hace piquiña eso de la voluntad popular.

Árbitro parcial y a conveniencia

A la (no) celebración de elecciones regionales se une el tema medular de la realización del Referéndum Revocatorio (RR) en 2016, probablemente el último o penúltimo cartucho para salir electoralmente y por vía pacífica -como siempre recuerda la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- de la crisis alimentaria, institucional, económica y social que azota al país después de recibir la mayor bonanza petrolera de su historia.

La oposición se montó y le apostó todo a ese candidato con nombre y apellido: RR 2016 tras barajar otras opciones y no menos discusiones internas. Se le dijo al electorado que no había Plan B. Referéndum o nada. Pues por ahora… el CNE se encargó de poner condiciones draconianas para recolectar el 20% de las firmas que permitiría activarlo.

La naturaleza del régimen instaurado por Hugo Chávez fue y es permanecer en el poder. Nunca lo ocultaron. Y en ese plan cabían las elecciones siempre y cuando la victoria fuera segura y no pusiera en riesgo el proceso. Para mantener la fachada democrática se le ha dado cuota de poder regional o local a la oposición mientras la presidencia y la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, el distrito capital que concentra todas las sedes del poder, no se tocaran.

Aunque duela decirlo, la reconquistada Asamblea Nacional por parte de la oposición es un ejemplo de esta lógica. Se ganó con casi ocho millones de votos, pero ocho meses después ninguna de las leyes aprobadas se ha podido ejecutar. El Tribunal Supremo Justicia (TSJ) -cuyos jueces fueron nombrados a dedo entre gallos y medianoche por Maduro- se ha encargado de anular cada uno de sus actos.

Así pues por un lado, está el TSJ como brazo judicial y, por el otro, el CNE, como brazo electoral. A este último le correspondió anunciar el pasado 21 de septiembre -tras varios retrasos con respecto al cronograma- unas condiciones que hacen casi imposible técnicamente recolectar el 20% de firmas.

Las fechas para la recolección serían 26, 27 y 28 de octubre en horario de oficina -de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:00pm-. Tres días para lograr 3.913.403 de manifestaciones de voluntad en apenas 1.355 centros de votación cuya ubicación geográfica supone problemas de movilización. Está claro que se mapearon los centros de votación menos favorables a la oposición y con menor número de electores inscritos 

A esto se le suma el limitado número de equipos de autenticación biométrica (las conocidas popularmente como captahuellas). Solo funcionarán 5.392 que hacen muy cuesta arriba por los flujos de votantes y el tiempo que se llegue al promedio de personas diario para autenticar su huella dactilar (no basta el DNI, sino un engorroso proceso que lleva varios

minutos). Un dato. Para las primarias del partido de gobierno (PSUV) -léase bien, primarias de un partido- el CNE facilitó 8.300 máquinas.

Las encuestas indican que hasta 11 millones de electores estarían dispuestos a firmar en el revocatorio, pero esa “infraestructura electoral que piensa desplegar el CNE sólo permitirá que uno de cada tres ciudadanos dispuesto a firmar, logre hacerlo”, afirmó a la prensa local el periodista y experto en tema electoral, Eugenio Martínez.

La tercera condición inaceptable es que la recolección del 20% de las firmas sea por estado y no a nivel nacional en clara violación del artículo 72 de la Constitución. Se trata de revocar (o no) al presidente, no a un cargo estatal tipo gobernador. La elección es de carácter presidencial y, por tanto, su circunscripción natural es la nacional como se indica en la carta magna, pero las cuatro rectoras del CNE adscritas al partido de gobierno decidieron que no.

Y por si no fuera suficiente indicaron que se tomarán los 90 días previstos en la normativa para organizar la consulta cuando en ninguno de los casos anteriores fue necesario: las peticiones de referendos constitucionales de 2007 y 2009 o el referendo en contra de Hugo Chávez en 2013 se hicieron en menos de 45 días. La estrategia es clara: evitar que se realice antes del 10 de enero de 2017 porque en caso de que pierda Maduro se deberían convocar de inmediato elecciones, después de esa fecha asume el vicepresidente el resto del mandato hasta el 2019.

Ninguna sorpresa

Lo dicho, hecho y aplicado tanto por el CNE como por el TSJ era previsible. Llámese RR, enmienda, constituyente, renuncia… cualquier figura constitucional y democrática amparada en la ley corre el mismo riesgo de perderse en los hilos del poder. El régimen copa todos los espacios y no hay división de poderes. Tiene la sartén por el mango.

Para cuando se publique este artículo la MUD habrá anunciado cómo responde y cuál es la estrategia a seguir ante las condiciones para recolectar el 20% de las firmas y el anuncio de realización del RR “en algún momento del primer trimestre de 2017”.

El único músculo, pero el más importante, que tiene la oposición para lograr un cambio en esta situación es que la mayoría del electorado está montado en el eje del cambio. La última encuesta de Datanálisis -publicada la semana pasada- señala que ocho de cada diez venezolanos quiere revocar a Maduro.

La multitudinaria marcha del 1 de septiembre fue un punto a favor de movilización y visibilidad de ese rechazo al gobierno, pero su efecto se ha diluido y una serie de errores de comunicación, vocerías con diferentes mensajes y mal manejo de la crisis provocada al conocerse las reuniones secretas entre gobierno-MUD han llevado al cuestionamiento de la alianza opositora en las últimas tres semanas. No ha sido proactiva, sino reactiva.

Y lo cierto es que con la estrategia y la táctica desarrollada hasta ahora no se han logrado los objetivos: el CNE hizo caso omiso a todos y cada uno de los requisitos solicitados por los negociadores opositores. Así pues, por mero realismo político si se quieren resultados diferentes habrá que hacer cosas diferentes.

Para empezar se debe aceptar el crudo diagnóstico: la oposición actúa desde la democracia y la legalidad, pero el enemigo electoral (el gobierno) no lo es. Hay que elevar la presión desde todos los flancos incluida la calle. Hay que protestar delante de los poderes públicos.

El municipio Libertador -epicentro de todos los poderes- está vetado y prohibido para la oposición desde hace años. Es loable y hasta admirable como la MUD ha evitado traspasar ese invisible, pero impenetrable muro de Plaza Venezuela para no caer en el escenario de la violencia, pero llegó el momento del desafío.

Plaza Venezuela es el check point que divide al este y oeste de la ciudad cuando de marchas se trata. Los cordones policiales impiden el paso de los manifestantes y si lo logran ahí están los colectivos armados para cumplir su rol como sucedió en las protestas de 2014.

¿Si usted quisiera protestar en contra del Ayuntamiento de Madrid o del de Barcelona a dónde va a hacerlo? Será en la Plaza Cibeles o en la Plaza Sant Jaume respectivamente, no a decenas de kilómetros que disminuye el impacto de la acción.

Los voceros del gobierno lo han dicho una y mil veces y lo aplican: “no pasarán al municipio Libertador”. Este debe ser uno de los dilemas de la MUD, pero hay que dar la pelea donde es, de forma pacífica y organizada y por descontando con los líderes al frente. No en twitter ni en periscope ni detrás del micrófono sino en la cabeza de la marcha con el respaldo de todos los sectores: hay que dar el salto de la unidad de partidos a la unidad nacional.

Y sí. La apuesta es riesgosa y las consecuencias impredecibles, pero no hay comodines ni milagros. Venezuela se apaga cada día y a los venezolanos no se les puede pedir más paciencia. Miles -demasiados- ya no la tienen porque ya no están víctimas del hampa, del hambre o de una medicina que jamás consiguieron. 17 años de saqueo son suficientes.

Es hora de escuchar críticas, propuestas y concertar porque lamentablemente en Venezuela las cosas no son como “deben ser” o “deberían ser” -vas a elecciones, te sometes a la voluntad popular y si pierdes te vas-, las cosas son “como son” y hay que asumirlo.

No solo estamos al frente de un gobierno no democrático sino que altos jerarcas civiles y militares están acusados de violar derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Y su único salvoconducto es el poder. ¿Difícil prestarse al juego democrático para perderlo no?

Autora: Sonia Lloret

Soy una periodista con más de 20 años de trayectoria, principalmente en medios impresos y online tanto en Latinoamérica como España. Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política por @cigmapucjc y Estudios Internacionales por @UniBarcelona, actualmente colaboro en distintos proyectos especializados en #compol y marketing político, pero no siempre fue así. Mis derroteros profesionales me han llevado por muchos, variopintos y divertidos destinos editoriales. He escrito para diversas fuentes y el reportaje, la crónica y la entrevista de personalidad o semblanza han sido lo que más han tecleado mis dedos en el ordenador, pero la política siempre ha orbitado a mi alrededor. Es más, incluso cuando me escribí en periodismo en la universidad mi segunda opción fue ciencias políticas. Así que un día no hace tanto me dije a mi misma: “ es hora de reciclarte y especializarte en comunicación política”. Y en estas estoy. En campaña permanente de formación.

 

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